Hoy entran en vigor las medidas procesales y organizativas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la Covid-19

 

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Ayer fue un día lleno de novedades. Al margen del plan escalado de desconfinamiento, el Gobierno aprobó el Real-Decreto Ley 16/2020 que recoge las  medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la Covid-19 (BOE de 28 de abril de 2020), que se articula en estos cinco bloques de medidas, que os resumimos a continuación:

(i)          El primer bloque se dirige a garantizar la salud, y recoge el siguiente elenco de medidas:

Posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde, y atención al público telefónica o por correo electrónico. En caso de que sea estrictamente necesaria la asistencia presencial se requerirá cita previa.

Preferentemente, los actos procesales y las deliberaciones se celebrarán de forma telemática, excepto en el ámbito penal, que quedará a la discrecionalidad del juez. En delitos graves, sin embargo, será necesaria la presencia física del acusado.

Dispensa del uso de la toga para abogados y procuradores

Se priorizará que las exploraciones de los médicos forenses se hagan en base a la  documentación médica.

(ii)         El segundo bloque recoge medidas dirigidas a dar impulso a la recuperación de la actividad judicial:

Posibilidad de dedicar temporalmente órganos judiciales a asuntos derivados de la crisis del Covid-19 y  que  funcionarios de justicia presten servicio en otros juzgados y tribunales de su municipio dentro del mismo orden jurisdiccional.

Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (no adscritos a un juzgado y que actúan como refuerzo o cubren vacantes en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia, y habilitar a los letrados de la administración de Justicia en prácticas para realizar labores de sustitución y refuerzo.

Se habilita los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto

(iii)       El tercer bloque regula algunas medidas de transformación digital

Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital.

Se recoge la obligación general del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencia, de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales permitan el teletrabajo.

(iv)       En cuarto bloque contiene medidas procesales dirigidas, por un lado, a aclarar los cómputos de plazos, y por el otro, a afrontar el previsible incremento de asuntos en determinados ámbitos.

Los plazos procesales suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero. En concreto, los plazos para presentar recursos contra Sentencias u otras resoluciones que ponen fin al procedimiento, notificadas hasta 20 días después del levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos por el Real Decreto 463/2020,  se amplían por un plazo igual al previsto por la ley.

Se establece un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia (regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, ajustes en las pensiones).

Posibilidad de utilizar un proceso más simple y rápido, como es el de conflicto colectivo, en el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en los casos que no alcancen los umbrales del despido colectivo (Pymes), sin perjuicio del derecho del trabajador a impugnarlo de forma individual.

Se priorizarán las actuaciones judiciales relacionadas con lo siguiente: protección de los menores; denegación de moratorias en el pago de hipotecas o arrendamientos por la entidad financiera o el arrendador; recursos contra las administraciones por la denegación de ayudas relacionadas con el impacto económico de la Covid-19; y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido recuperable.

(v)        El último bloque de medidas se dirigen a afrontar el previsible incremento de procesos concursales en los Juzgados de lo Mercantil.

Según informa el Ministerio de Justicia en la nota de prensa difundida en la noche de ayer, estas medidas tienen una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación. También buscan potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez y evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales”  www.mjusticia.gob.es

Entre ellas, destacamos las siguientes:

En caso de incumplimiento del convenio, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma la empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de modificación del mismo.

Aplazamiento durante un año a contar desde la declaración del estado de alarma del deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, de solicitar la apertura de la fase de liquidación, que tampoco podrá abrir el juez,  siempre y cuando presente una propuesta de modificación del convenio durante dicho plazo.

Los deudores con acuerdos de refinanciación homologados podrán presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.

Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

En paralelo al punto anterior, hasta el 31 de diciembre de 2020 no se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el estado de alarma.

Ahora toca poner ganas y que funcione

Ana Soto Pino

 

ESTADO DE ALARMA, INSOLVENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

Cada día celebramos la sensible disminución de contagios y fallecimientos por la Covid-19 en varios lugares del mundo, entre ellos España. Frente a ello, las noticias económicas que nos llegan a diario son escalofriantes y el pánico puede dejarnos paralizados.  El FMI ha previsto para este año una caída de un 3% de la riqueza mundial, casi el doble del desplome que sufrimos tras la crisis del 2018, que afectará especialmente a Europa, y en particular –junto con Italia- a España, donde según el escenario macroeconómicos moderado previsto por el Banco de España, se espera un desplome del PIB de un -8% y una tasa de paro para el segundo trimestre del 2020 de más del 20%.  A ello se suma noticias, tan sensacionalistas como reales, sobre la previsible avalancha de situaciones de insolvencia, cierre de negocios y concursos de acreedores que nos depara la vuelta a la normalidad.

No  nos gusta ser alarmistas, y creemos firmemente que tras cualquier crisis surgen oportunidades, pero lo cierto es que el escenario se  presenta complicado para muchas empresas que han reducido o suspendido su actividad y que no tienen posibilidad de atender los pagos a corto. Más allá del deber de los gobiernos de poner en marcha planes realistas y eficaces de recuperación, la empresa en general, y sus órganos de administracion, en especial, tampoco pueden pararse. La “to do list” de los administradores de  estas sociedades puede ser larga. Desde revisar o elaborar planes de contingencia mediante el análisis exhaustivo de los riesgos en cada elemento que forma parte de la cadena de actividad (empleados, subcontrataciones, clientes, proveedores, arrendamientos, fuentes de financiación, etc.), hasta  identificar aquellos contratos cuya ejecución puede verse afectada para valorar las consecuencias legales de un incumplimiento en el contexto excepcional de la crisis sanitaria y adoptar decisiones al respecto, pasando por medidas de índole laboral.

Al margen de lo anterior, la empresa deberá examinar su flujo de caja y su posibilidad de acceso a financiación a los efectos de valorar su situación actual y potencial de solvencia. Sin olvidar, eso sí, que son dos los elementos que estructuran obligaciones independientes del empresario y, en particular, de sus administradores, en relación con la solvencia de la empresa, cuyo incumplimiento puede dar lugar a responsabilidades pecuniarias de importancia.

Por un lado, hemos de considerar el artículo 5,1 de la Ley Concursal (LC), que obliga expresamente a la administración social, en tanto representante legal de la empresa insolvente y como parte de su debida diligencia, a solicitar el concurso de acreedores dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Alternativamente, en dicho plazo de dos meses podrá comunicar al Juzgado de lo Mercantil competente el inicio de negociaciones con sus acreedores dirigidas a lograr acuerdos de refinanciación o  adhesiones suficientes a una propuesta de convenio con sus acreedores, para lo cual dispondrá de otros tres meses. Transcurrido dicho último plazo sin haber conseguido los acuerdos o adhesiones, el deudor deberá solicitar el concurso en el mes siguiente, alargando el plazo de dos meses hasta cuatro meses más (artículo 5 bis LC).

Según la Ley Concursal, el incumplimiento de tal obligación da lugar a una presunción de culpabilidad del concurso (artículo 164,1 y 165 LC), lo que en la práctica viene a significar que el concurso podría ser calificado como culpable, siempre y cuando,  además, concurran otras circunstancias o conductas que hagan que la omisión de presentar el concurso en plazo haya contribuido a generar o a agravar el estado de insolvencia (art. 164.1 L.C.). Lo que genera un riesgo de responsabilidades pecuniarias para los administradores sociales.

Al margen de lo anterior, aunque estrechamente relacionado, la legislación mercantil, en concreto, el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), recoge el deber inexcusable de los administradores sociales  de convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución en aquellos casos en los que la Sociedad se encuentre en una causa de disolución, entre otras, porque las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, y si la Sociedad fuera insolvente, para que ésta inste el concurso.  En caso de incumplimiento de dicha obligación el artículo 367 LSC  dispone una responsabilidad personal y solidaria de los administradores sociales por las obligaciones contraídas por la sociedad posteriores al momento en que debieron tener conocimiento de la causa de disolución

Llegados a este punto, nos preguntamos en qué medida el Real Decreto-Ley 8/2020 ha modulado esta responsabilidad del administrador, considerando el extraordinario e imprevisible entorno económico en el que se encuentra la empresa, consecuencia de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma.

Estas son nuestras reflexiones:

  • La obligación legal de presentar el concurso o la comunicación del inicio de negociaciones a la que se refiere el artículo 5 bis LC ha quedado suspendida hasta la finalización del estado de alarma, por disposición expresa del artículo art. 43 del Real Decreto 8/2020, iniciándose el cómputo íntegro de los dos meses a los que se refiere el artículo 5,1 LC a partir del momento en que pierda vigencia el estado de alarma. Dicha suspensión se extiende a los tres meses, más el mes adicional, en el caso de la comunicación prevista en el artículo 5bis LC presentada ante el Juzgado de lo Mercantil con anterioridad a la declaración del estado de alarma, que iniciarán su cómputo desde la pérdida de vigencia del mismo. Tampoco se podrán tramitar las solicitudes de concursos necesarios durante el estado de alarma y los dos meses posteriores, priorizando siempre la tramitación del voluntario, aunque su solicitud fuera posterior.

La previsión del artículo 43 del Real Decreto 8/2020 nos permite concluir que el administrador de una empresa insolvente no está obligado a solicitar el concurso de acreedores o, en su caso, la comunicación a la que se refiere el artículo 5 bis LC, hasta tanto no finalice el plazo de dos meses a contar desde que el estado de alarma pierda vigencia. Con independencia –y esto es importante- de que el estado de insolvencia haya sido originado por la crisis de la Covid-19, o por otra causa no relacionada con la misma, incluso anterior a la crisis de la Covid-19 y a la declaración del estado de alarma.

  • Similar regulación, aunque con distintas consecuencias, establece el  Real Decreto 8/2020 en relación con la responsabilidad personal de los administradores por las obligaciones nacidas durante el estado de alarma y no atendidas por la Sociedad en causa de liquidación, como consecuencia de omitir su deber de convocar a la Junta General de socios para acordar la disolución de la Sociedad y, en caso de insolvencia, instar el concurso. En este sentido, el artículo 40,11 del Real Decreto 8/2020 traslada el inicio del cómputo de los dos meses para convocar la Junta General en caso de que concurra una causa de disolución al momento en que el estado de alarma pierda vigencia, con independencia de si la causa de disolución se produce durante el mismo o es anterior. Ello no obstante, a continuación, el siguiente punto 12 del artículo 43 únicamente exonera de responsabilidad a los administradores por las deudas sociales contraídas durante el estado de alarma, en aquellos casos en los que la causa de disolución, entre otras, la infracapitalización, se hubiera producido exclusivamente durante la vigencia del estado de alarma.

En consecuencia, en este supuesto, a diferencia de lo que sucede en materia concursal, el tratamiento en lo que a la responsabilidad del administrador se refiere es distinto si la causa de disolución (la infracapitalización) de la Sociedad es consecuencia y nace durante el estado de alarma, que el caso de que dicha causa de disolución fuera anterior a dicho estado de alarma. Tomando la letra del Real Decreto 8/2020, sólo en el primer supuesto los administradores quedarían exonerados por las nuevas obligaciones de la Sociedad nacidas durante el estado de alarma, y que resulten incumplidas.

Ya veremos que interpretación hacen de todo esto nuestros tribunales de justicia. Entretanto, prudencia en el momento de contratar nuevas obligaciones de pago que pudieran resultar incumplidas por sociedades en causa de disolución nacida con anterioridad al inicio del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Cuidaros mucho y mucho ánimo.

Ana Soto

En un nuevo mundo. La visión de la AEPD sobre el control de temperatura corporal como medida de acceso a los establecimientos

El martes, 28 de abril, el Consejo de Ministros publicó el Plan de Desescalada. Los operadores económicos no esenciales se preparan desde entonces para afrontar la nueva realidad, implementando procedimientos de prevención de riesgos laborales elaborados por el Ministerio de Sanidad y el INSST (Instituto  Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), y las directrices de buenas prácticas sectoriales publicadas por este Instituto. Sin perjuicio de que las ordenes aplicables se acabaron publicando en el BOE del domingo día 3 de mayo, es decir, un día antes del inicio de la desescalada.

En este contexto, y ante la medida de toma de la temperatura corporal como criterio que puedan usar algunos operadores, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido un comunicado (accesible aquí) sobre la misma  como “supuesta” medida necesaria para el acceso del trabajador al lugar de trabajo, así como de clientes y usuarios  a establecimientos abiertos al público (comercios, restaurantes, centros educativos, bibliotecas o gimnasios, entre otros).

Si bien no es objeto de este artículo entrar a analizar las consideraciones de la AEPD, sí creemos interesante ponerlas de manifiesto por su relevancia:

La AEPD entiende – como punto de partida- que la temperatura es un dato de carácter personal especialmente sensible relacionado con la salud. Y sin muchas explicaciones al respecto, a partir de aquí considera:

√    Criterio de implantación: que la  toma de temperatura corporal requeriría determinar previamente por parte del Ministerio de Sanidad de que se trata de una medida necesaria y adecuada para prevenir la infección del Covid-19, así como la regulación de los límites y garantías del tratamiento de los datos personales de los afectados. En todo caso, la AEPD entiende que la temperatura de referencia para considerar que una persona es portadora de la Covid-19 debería establecerse bajo criterios científicos, y en ningún caso  dejarse en manos de cada uno de los operadores que implemente la medida para evitar tratos desiguales y, por ende, poco eficaces y  discriminatorios.

√   Principio de legalidad:  que en  el ámbito estrictamente laboral, la toma de temperatura a empleados para el acceso al lugar de trabajo podría estar justificada por la necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tal como ya había dicho la propia AEPD en comunicaciones anteriores. En efecto, según la AEPD, “la obligación de los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el tratamiento”

En el caso de clientes o visitantes a establecimientos,  la AEPD ve difícil el criterio del consentimiento como base jurídica general para la toma de temperatura, en tanto que éste no es libre, pues se establece como condición sine qua non para el acceso al establecimiento.

La prevención a la seguridad y salud de los empleados podría ser tenida en cuenta como base jurídica con un alcance amplio para aplicar la medida de toma de temperatura a clientes y usuarios, ya que en los centros en los que acceden tales clientes y usuarios estarán asimismo presentes trabajadores del centro. Para ello será necesario ponderar el impacto que dicha medida ocasiona en los derechos de los clientes y usuarios, por un lado, y el impacto en la seguridad y salud de los trabajadores, por el otro (por ejemplo, valorando si los clientes están o no en contacto con los trabajadores).

En los casos en los que no sea posible acudir a esta base jurídica, se podrían  plantear la existencia de intereses generales en el terreno de la salud pública, si bien para ello –volviendo al inicio- se requerirá de un soporte normativo a través de leyes que establezcan la conveniencia de la medida  y que aporten las garantías adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades de los interesados.

√     Limitación de la finalidad y exactitud de los datos: la AEPD recuerda nuevamente la importancia de respetar los principios de limitación de la finalidad (la temperatura solo pueden obtenerse para detectar posibles portadores de la Covid-19 con la finalidad de evitar el acceso y el contacto con otras personas) y exactitud (la medición debe ser capaz de ofrecer datos fiables de la temperatura a partir de los cuales la persona se considera posiblemente infectada por la Covid-19)

 √    Derechos y garantías: finalmente,  la AEPD recuerda nuevamente que también en el escenario de la  Covid-19, los titulares de los datos personales mantienen, de conformidad con el RGPD, todos los derechos y garantías allí recogidas.

Iremos informando sobre la interpretación de nuestras autoridades de protección de datos en el contexto de esta nueva realidad que nos está tocando vivir, sin duda mucho más intromisiva en lo que a datos personales y derechos personalísimos se refiere.

Ana Soto & Mª Luisa Osuna

 

Comunicación sobre la Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la Covid-19

 a modo restauranteHa llegado a mis manos la Hoja de Ruta elaborada por el Consejo  Europeo, que pretende,de recomendaciones,  crear el marco de una estrategia común y coordinada para el levantamiento de las medidas de confinamiento adoptadas  por los Estados Miembros para combatir la pandemia de la Covid-19.

El objetivo, parafraseando al Consejo, es preservar la salud pública, al tiempo que conducir a que ”las sociedades y economías europeas recuperen un funcionamiento normal y un crecimiento sostenible, integrando, entre otras cosas, la transición verde y la transformación digital, y extrayendo todas las lecciones de la crisis”, y que “prepare el terreno para un plan de recuperación global y una inversión sin precedentes”.

Lo cierto es que en la situación en la que estamos, la coordinación entre los Estados Miembros es necesaria para evitar problemas mayores.

En el comunicado no aparece ningún calendario, ni siquiera se sugieren plazos. De hecho, el Consejo informa que las recomendaciones que se contienen en la comunicación se basan en los datos científicos disponibles hasta la fecha, por lo que se reserva su revisión a medida que aparezcan nuevas pruebas, que los datos nacionales sean más comparables y que los métodos de medición estén más armonizados, considerando, en todo caso, que son tres los Criterios pertinentes para considerar que se puede iniciar el des-confinamiento o, en palabras del Consejo, flexibilizar el confinamiento:

– Criterios epidemiológicos, demostrativos de la disminución de los contagios y que dicha disminución se mantiene estable.

– Suficiente capacidad de los sistemas de salud (tasas de ocupación de UCIs, acceso a medios y equipos, disponibilidad de estructuras de atención primaria, personal sanitario, etc.) En todo caso, dicha suficiencia ha de considerarse en términos generales,  no únicamente en relación con la Covid-19.Ç

– Capacidad de seguimiento adecuada, a través de pruebas a gran escala de detección de virus y vigilancia de su propagación, así como para el rastreo de contactos, etc. No basta testar los casos de supuestos contagios, sino que para el Consejo es básico conocer la proporción de la población que ha superado con éxito la enfermedad. Al respecto, el Consejo confía en que cada Estado mimbro sepa decidir, en función de sus propias estructuras, en qué nivel debe evaluarse el cumplimiento de los criterios anteriores.

En cuanto a las Medidas de “des-confinamiento”, al igual que el calendario,  variará entre los Estados miembros. No obstante, para el Consejo es esencial que exista un marco común bajo los siguientes tres principios básicos:

–Las medidas que se adopten deben basarse en criterios científicos y dar prioridad a la salud pública.

– Las medidas que se adopten debe ser objeto de coordinación entre los Estados miembros, que deben comunicarse entre ellos e informar al Consejo (a través del Comité de Seguridad Sanitaria).

– El respeto y la solidaridad entre los Estados miembros.

Finalmente, el comunicado se refiere a una suerte de Medidas de Acompañamiento que se consideran básicas para una gestión exitosa de la supresión gradual del estado de confinamiento, y que se dirigen en dos direcciones. Por un lado, la recogida y tratamiento de datos, respetando la normativa sobre datos personales y privacidad. Y, por el otro, la suficiencia de medios y el desarrollo del tratamiento de prevención y cura. En este sentido:

– Recopilar e intercambiar datos sobre la propagación del virus, las características de las personas infectadas y recuperadas y sus posibles contactos, así como el número de personas asintomáticas que han contraído el virus, cuyo tratamiento deberá respetar las normas sobre protección de datos y privacidad. Al respecto, el Consejo considera a los operadores de redes sociales y de redes móviles una fuente importante de datos sobre movilidad, interacciones sociales, así como informes voluntarios sobre casos leves o señales tempranas indirectas de propagación de la enfermedad.

– Crear un sistema para el rastreo de contactos y el envío de advertencias mediante el uso voluntario de aplicaciones para dispositivos móviles que permitan que loss usuarios conserven todo el control de sus datos, y que deberá desactivarse tan pronto como la crisis de la Covid-19 se haya superado. Por lo demás, el Consejo informa que el rastreo de la proximidad entre dispositivos móviles solo debe permitirse de forma anónima y agregada, omitiendo el seguimiento de ciudadanos y la revelación de la identidad de las posibles personas infectadas a otros usuarios.

– Ampliar la capacidad de realizar pruebas que proporcione resultados rápidos y fiables y armonizar las metodologías correspondientes. La importancia de medidores a gran escala es condición sine qua non para el levantamiento de las medidas de distanciamiento social, según el Consejo.

– Aumentar la capacidad y la resiliencia de los sistemas de salud.

– Seguir aumentando la capacidad en materia de equipos de protección médica e individual.

– Desarrollar la vacuna, y

–Desarrollar tratamientos y medicamentos seguros y eficaces.

Como punto y final, el Consejo difunde recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros que inciden en la necesidad de que la supresión de las medidas se realice de forma gradual y supervisada hasta la vuelta a la normalidad, tanto en cuanto al ámbito geográfico, pasando por la reapertura de fronteras, como en lo relacionado con las concentraciones de personas (estableciendo turnos, horarios, aforos máximos, etc). Sin dejar de proteger a la población frente al virus.

En un lunes lluvioso como el de hoy, no se hace muy alentadora la frase de cierre del documento. En ella el Consejo nos pide estar preparados para el caso de que se haga precisa la reinstauración de medidas de confinamiento más estrictas si, a pesar de todo, volvemos nuevamente a vivir un aumento excesivo de las infecciones.

Preparémonos para que ello no pase.

Ana Soto

Ya podemos presentar escritos judiciales. Nueva resolución del Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia durante el Estado de Alarma

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La Resolución del Ministerio de Justicia del 13 de abril de 2020, por la que se adapta la prestación del servicio público de Justicia al RD 487/2020, de 10 de Abril, establece determinadas pautas con el deseo de adaptar el funcionamiento de la Administración de Justicia a esta nueva fase del Estado de alarma, en la que no se aplica el confinamiento cualificado, así como prever otras fases venideras hasta un eventual restablecimiento de la normalidad.

Lo más destacado:

A partir de este miércoles, 15 de abril, los Juzgados y Tribunales admitirán escritos procesales presentados por las partes de forma telemática, iniciales y de trámite, aunque se refieran a cuestiones que no son de extrema urgencia, y  que serán tramitados siempre y cuando los medios lo permitan.

El procedimiento continuará hasta tanto la tramitación se encuentre con un plazo o término procesal que deba ser suspendido por mandato de la Disposición Adicional Segunda del RD 463/2020l.

En consecuencia, con el deseo de reactivar de forma progresiva el funcionamiento de la justicia y evitar el colapso una vez pierda vigencia el Estado de Alarma, la Resolución levanta la veda a la presentación de todo tipo de escritos, también demandas, solicitudes iniciales o recursos, bien la propia Resolución solicita a abogados, procuradores y graduados sociales “una ponderación o moderación en la presentación de escritos para hacer más viable el reparto”.

Además,

La Resolución de 13 de abril incluye otras medidas de funcionamiento de la administración de justicia relacionadas con la aplicación de una modalidad de trabajo presencial por turnos, sin perjuicio de ordenar al personal a quien no toque acudir al puesto de trabajo la plena disponibilidad durante la jornada laboral, para el caso de que sea requerido a la prestación de funciones presencial. Además, se regula la modalidad de teletrabajo para el personal con dispositivos proporcionados por la administración de acceso securizados a sistemas y aplicaciones de gestión procesal, o que puedan prestar voluntariamente sus funciones con dispositivos personales en similares condiciones

Por lo demás,

A los efectos de adaptar de forma progresiva y coordinada los criterios y dotaciones de tramitación durante la nueva y siguientes fases de la pandemia, la Resolución establece tareas de seguimiento semanal que realizará la Comisión Mixta del Ministerio de Justicia y el CGPJ.

Cualquier paso hacia adelante es bienvenido.

Feliz semana

Ana Soto

Legaljovs

CONTRATOS MERCANTILES: PREVER, EL MEJOR REMEDIO ANTE LA CRISIS SANITARIA

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Cuando la realidad supera la ficción no nos queda otra que ser positivos, a lo que sin duda ayuda la llegada de la primavera.

Para mantener el positivismo, sobre todo en los negocios, hay que hacer previsiones, revisar nuestros contratos mercantiles y tomar ciertas medidas para evitar que su posible incumplimiento depare consecuencias traumáticas para la empresa y su negocio.

No cabe duda de la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo, consecuencia de una pandemia -declarada por la OMS- y las medidas decretadas para erradicarla por los gobiernos de los diferentes países, todas ellas dirigidas –en general- a restringir la libre circulación de personas, lo que limita, y en muchos casos hace imposible, la actividad industrial o comercial de la empresa. En España, tras la declaración del estado de alarma, prorrogado hasta el próximo 12 de abril –por ahora-, se han ido aprobando paulatinamente medidas cada vez más estrictas, que en mayor o menor medida pueden alcanzar a casi todos los contratos mercantiles, de fabricación, de distribución, de servicios, de construcción, de arrendamiento, de financiación, a salvo de aquéllos relacionados con las difusamente definidas “actividades esenciales”.

Es factible que en esta extraordinaria situación muchos de los pactos incluidos en los contratos que instrumentan obligaciones de cumplimiento de prestaciones de entregas o de pago no hayan podido ser cumplidas, o bien se prevea que no podrán ser cumplidas, total o parcialmente, en un próximo vencimiento. También es posible que, aun siendo posible dicho cumplimiento, el mismo sea extremadamente gravoso para la parte. Al respecto, ni la declaración de pandemia, ni la declaración del Estado de Alarma, ni las medidas decretadas permiten la suspensión, interrupción o prórroga de los plazos o términos de vencimiento pactados en los contratos o previstos en la Ley.  En este sentido, si bien el RD que declara el Estado de Alarma (RD 463/2020), en su disposición adicional segunda, prevé la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualquier acción y derecho, ello exclusivamente se refiere a los plazos y/o términos de ejercicio de los derechos, pero es ajeno a pazos y términos de cumplimiento de obligaciones.

En consecuencia, la empresa no tiene otra que realizar una autoevaluación sobre su capacidad para cumplir total o parcialmente sus contratos en el escenario derivado de la crisis sanitaria, previendo la duración de las medidas adoptadas y las eventuales dificultades con las que se enfrentará cada sector una vez éstas pierdan vigencia (por ejemplo, como consecuencia de restricciones en otros mercados, la falta de materia prima o de trabajadores, la reorganización de la producción, la desaparición o limitación de clientes o partners comerciales, etc.).

En segundo lugar, será necesario el examen de cada contrato a los efectos de evaluar si es posible aplicar aquéllos instrumentos previstos en la legislación aplicable al mismo, dirigidos a impedir o suavizar los riesgos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones como consecuencia de dicho escenario derivado de la pandemia del coronavirus. En el ordenamiento jurídico español son dos las figuras que, con carácter general, pueden servir a estos menesteres, si bien –insistimos- su aplicación ha de ser valorada casuísticamente para cada contrato, considerando los pactos concretos alcanzados por las partes y la incidencia de la crisis del COVID-19 en las prestaciones pendientes de cumplimiento.

  1. En cuanto a la evitación o limitación de las consecuencias del incumplimiento por aplicación de la “fuerza mayor”.

En aquellos contratos en los que la Ley aplicable es la española, nuestro ordenamiento jurídico dispone que “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables”, siempre y cuando, eso sí, o la ley, o los pactos entre las partes, no excluya expresamente su aplicación (artículo 1.105 CC).

El escenario del que estamos hablando (y en el que nos encontramos), en el que se aplican medidas excepcionales que afectan a la actividad industrial y comercial de la mayoría de los operadores económicos, en el contexto de un estado de alarma declarado para paliar la pandemia del COVID-19, no nos cabe la menor duda que ha de ser tratado como un suceso que no podía preverse en el momento de otorgar el contrato, y que en todo caso es inevitable, en tanto que queda fuera del control de las partes contractuales.

Para determinar la aplicación de la fuerza mayor, y su alcance, hemos de insistir en la necesidad de analizar el contrato y la prestación concreta del mismo. Así, con carácter general, y sin perjuicio de otros aspectos específicos:

  • En cuanto al contrato, para verificar si contiene cláusulas en los que se excluya expresamente la figura de fuerza mayor (en cuyo caso, se habría de analizar la validez de la cláusula), o se regule la misma (los supuestos, la forma de proceder). Habrá que tener en cuenta que la falta de cualquier previsión contractual expresa no excluye la aplicación de la fuerza mayor.
  • En cuanto a la concreta prestación, si ésta no puede ser cumplida, o únicamente puede ser cumplida de forma defectuosa (parcialmente, con retraso respecto a su fecha de vencimiento o adoptando medidas adicionales), como consecuencia directa del escenario creado por la crisis sanitaria (por ejemplo, si su cumplimiento vulneraría las medidas adoptadas por las autoridades).

En todo caso, la fuerza mayor no evita el incumplimiento, es decir, no concede moratorias automáticas de plazos o términos ni exonera del deber del buen fin del cumplimiento de la obligación, sino que lo que evita es que como consecuencia de dicho incumplimiento o cumplimiento deficiente la contraparte pueda reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios. En función del alcance de la obligación, dicho incumplimiento o cumplimiento defectuoso podrá justificar la terminación del contrato, en aquellos supuestos en los que como consecuencia de su esencialidad frustre la finalidad por la que la parte que lo sufre se avino a contratar.

2. En cuanto a la modificación de condiciones contractuales por aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”.

Sin perjuicio de la consideración o no de que la situación en la que estamos sea considerada como un supuesto de fuerza mayor que en el contrato concreto evite las consecuencias indemnizatorias del incumplimiento, dicha situación, en tanto acontecimiento extraordinario e imprevisible, podría originar un desequilibrio tal del contrato para una de las partes de cierta duración o permanencia, de forma que bajo los términos y condiciones pactados, su cumplimiento trajera consecuencias exorbitantes y extraordinariamente onerosas para dicha parte. La cláusula rebus sic stantibus, de desarrollo jurisprudencial, permite a una de las partes interesar la modificación de los términos del contrato, o incluso su terminación, en aquellos supuestos en los que concurren las siguientes circunstancias (por todas, Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2013):

  • La existencia de una alteración completamente extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración;
  • una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que rompa el equilibrio entre dichas prestaciones. Es decir, para una de las partes se hace extremadamente oneroso el cumplimiento en este nuevo escenario;
  • que ello suceda por la aparición sobrevenida de circunstancias radicalmente imprevisibles en el momento de la celebración del contrato. En este sentido, el riesgo sobrevenido no debe formar parte del riesgo normal del contrato ni puede estar previsto en el mismo de forma expresa o implícita; y
  • que no exista otro remedio para subsanar el desequilibrio contractual acontecido.

No parece que pueda ponerse en duda que la situación creada por la pandemia del Covid-19 será considerada una circunstancia excepcional e imprevisible en el momento de otorgar el contrato para la mayoría de las casuísticas. Pero ello no basta. Habrá que ver, mediante el análisis del supuesto concreto, si entran en juego el resto de requisitos para que por aplicación de la doctrina jurisprudencial que desarrolla la cláusula rebus sic stantibus la parte afectada pueda interesar la modificación de las condiciones contractuales a los efectos de equilibrar las prestaciones de contratos sinalagmáticos mediante la revisión de las condiciones de las prestaciones o los precios, o bien instar la terminación del mismo sin consecuencias indemnizatorias.

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La jurisprudencia ha sido históricamente muy restrictiva en la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus hasta las Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014 (RJ 2014, 3526) y 15 de octubre de 2014 (RJ 2014, 6129), que coincidieron en considerar como excepcional e imprevisible la larga crisis económica, y desde entonces las Sentencias han sido discordantes, aunque más flexibles en su aplicación. Hay que tener en cuenta también que la cláusula no se aplica de forma automática, sino que requiere la declaración judicial, lo que es un enorme hándicap considerando que no se tramitará ninguna actuación judicial salvo justificación de extremada urgencia (Real Decreto 463/2020). Ante ello, es de suponer que en muchas ocasiones se la parte afectada deberá optar por el incumplimiento.

Visto lo anterior, y volviendo a la recomendación de ser previsores, tras dicho análisis del contrato y de la incidencia del escenario creado por el COVID-19 en su cumplimiento, sugerimos informar (de forma fehaciente) a la contraparte de la previsión de incumplimiento o cumplimiento defectuoso, respetando, en su caso, la forma que indique el contrato a estos efectos, e intentar buscar soluciones pactadas dirigidas a la conservación del contrato o, si fuera preciso, a su terminación, si bien de la forma menos dañina para las partes.

Otra cosa son aquellas consecuencias económicas de la terminación que no tienen su origen en el incumplimiento. Por ejemplo, la compensación de clientela en el supuesto de terminación de contratos de agencia o distribución, cuyo fundamento es el enriquecimiento injusto. Pero sobre ello hablaremos en otra entrada.

Recordar cuidaos, por vosotros, y porque es el mejor remedio para curar el mundo.

Ana Soto Pino & Mª Luisa Osuna

Legaljovs

 

El Comité Europeo de Protección de Datos y el Coronavirus

Tristemente, parafraseando a la OMS, Europa es ahora el epicentro de la pandemia del coronavirus.

El Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board -EDPB-) se ha alineado también con las acciones para contener el COVID-19, y ha declarado que en ningún caso la normativa de protección de los datos personales debe dificultar la ejecución de las medidas que sean necesarias en esta batalla contra la pandemia del coronavirus, priorizando la salvaguarda de la salud, y de la vida, frente a la privacidad de los datos personales (Acuerdo de 19 de marzo de 2020).

Para el EDPB, la lucha contra las enfermedades transmisibles es un objetivo valioso compartido por todas las naciones que debe ser apoyado en interés de la humanidad.

El EDPB también aclara en su declaración que si bien la emergencia es una condición legal que puede legitimar restringir libertades, dichas restricciones han de ser proporcionales y limitadas en el tiempo. A estos efectos, considera que el RGPD contiene reglas que también aplican al tratamiento de datos personales en un contexto como el actual del coronavirus,  que permite el tratamiento de datos personales sin necesidad de tener que contar con el consentimiento del interesado cuando es necesario por razones de interés público en el área de la salud pública.  Así:

El tratamiento de datos personales, incluso el tratamiento de los datos de salud por las autoridades sanitarias, estaría legitimado en base al artículo 6 y 8 del RGPD, por existir un interés público y un interés de proteger intereses vitales

– En cuanto a los datos personales de los trabajadores, se considera que tratamiento de datos por el empleador puede ser necesario para cumplir la obligación legal de preservar la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, o en base a un interés público y un interés vital relacionado con el control de enfermedades y otras amenazas a la salud.

El empleador podrá solicitar datos sobre el estado de salud de los trabajadores o visitas, y realizar exámenes médicos, siempre que lo permita la legislación propia de cada estado miembro.

El empleador debe informar a los trabajadores sobre los casos de coronavirus, limitando la información suministrada a la estrictamente necesaria. En caso de tener que revelar el nombre de las personas que contrajeron la enfermedad (si la ley nacional lo permite), deberá informar previamente al interesado y proteger su dignidad e integridad

– En cuanto al uso por parte de algunos gobiernos del de datos de localización móvil para mitigar la propagación del coronavirus, la EDPB considera que las autoridades deberían priorizar el tratamiento anónimo de los datos, es decir, procesar datos agregados (por zonas, edades, etc.) de forma que no estarían sometidos a la normativa de protección de datos. Sin embargo, si ello no fuera posible, la EDPB considera también, que la Directiva Europea sobre privacidad y comunicaciones electrónicas permite también medidas legislativas excepcionales por motivos de seguridad pública, que debe ser apropiadas, proporcionales y respetuosas con los derechos fundamentales de las personas y garantizar al interesado el acceso al recurso judicial.

En todo caso, recuerda el EDPB que los datos personales que sean necesarios para alcanzar este objetivo mundial de vencer la batalla contra el coronavirus deben procesarse para fines explícitos, que los interesados deben recibir información transparente sobre las actividades de procesamiento, incluido el periodo de conservación de los datos recopilados y el propósito del tratamiento; que la información proporcionada ha de ser fácilmente accesible y clara; y que son necesarias medidas de seguridad adecuadas y políticas de confidencialidad que garanticen la preservación de los datos frente a terceros no autorizados.

En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado en su sitio web una alerta en relación con webs y apps que ofrecen autoevaluaciones y consejos sobre el Coronavirus, advirtiendo a los ciudadanos del riesgo que implica facilitar categorías de datos sensibles, como son los relativos a la salud, a estas webs y apps. Añade la  Agencia que ha podido constatar que algunas páginas web y apps no aportan la detallada información exigible para identificar a los responsables, ni incluyen las finalidades para las que podrían tratarse los datos. A ello se suma que se han detectado casos en los que se suplanta al Ministerio de Sanidad.

Por favor, cuidaos mucho.

Ana SotoPino & Mª Luisa Osuna

EL EMPLEADOR, EL CORONAVIRUS Y LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

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Desde casa, seguimos de cerca algunas consecuencias del estado de alarma y de la crisis sanitaria derivada del coronavirus que obligan a las empresas a hacer las cosas de una manera diferente.

Ayer os avanzamos que la AEPD ha difundido un informe jurídico, así como un documento de preguntas y respuestas, que trata y resuelve sobre cuál debe ser la actuación de los responsables de tratamiento que recogen y tratan datos personales de salud de personas infectadas o que pueden estar en riesgo de contagio, así como otros temas relacionados.

La cuestión es de interés, porque, si hacemos memoria, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) prohíbe como norma general el tratamiento de los datos personales de salud, salvo que pueda ampararse en alguna de las excepciones recogidas en la normativa. Lo que es de sentido común, es que la protección de datos no debe utilizarse para obstaculizar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades en un estado de alarma como el actual. Dicho esto, esta excepción, como todas, no puede entenderse como patente de corso para el tratamiento de datos de salud, y en este sentido es necesario tener presente que los datos deben tratarse con licitud, lealtad y transparencia y según los principios de minimización, limitación de la finalidad y exactitud.

Recordemos que el Considerando 46 del RGPD se refiere a la posibilidad de un tratamiento lícito de datos de salud en casos excepcionales, como son el control de epidemias, sin que sea necesario el consentimiento de los afectados. Además, el RGPD establece bases jurídicas para tratamientos lícitos, como el cumplimiento de una obligación legal (art 6.1.c -por ejemplo, la prevención de riesgos laborales), la misión realizada en interés público (art 6.1.e) o los intereses vitales del interesado u otras personas (ar. 6.1.d). Más en concreto, y sin ánimos de ser exhaustivos, en sede de datos de salud, el artículo 9.2 del RGPD establece los supuestos en que se pueden tratar los datos de salud, y además del consentimiento expreso, cuando ello sea necesario para salvaguardar intereses vitales de los interesados o de otras personas, intereses públicos esenciales en el ámbito de la salud pública o el cumplimiento de obligaciones legales, dentro de las medidas establecidas en la normativa legal correspondiente.

Por tanto, y como no podía ser de otro modo, la respuesta de la AEPD, en coherencia con las conclusiones publicadas por otras autoridades europeas, prioriza la situación de alerta sanitaria y las decisiones que puedan adoptar las autoridades competentes, en especial las sanitarias, durante la pandemia. En este sentido, según la AEPD, los responsables de tratamiento deberán seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias de las administraciones públicas, sin que sea necesario el consentimiento de los interesados cuando dichas instrucciones supongan un tratamiento de datos de salud.

En este marco, el documento de preguntas y respuestas difundido por la AEPD informa con un lenguaje especialmente claro y concreto. A continuación os facilitamos un resumen de las preguntas y respuestas:

¿Pueden los empresarios tratar la información de si las personas trabajadoras están infectadas del coronavirus?

Los empleadores podrán tratar de conformidad con lo establecido en la normativa sanitaria, laboral y de prevención de riesgos laborales, los datos del personal necesarios para garantizar su salud y adoptar las medidas necesarias por las autoridades competentes para proteger la salud de sus empleados y evitar los contagios. Lo que incluye conocer si una persona está infectada o en riesgo de estarlo, incluso a través de preguntas concretas y limitadas a esta cuestión.

¿Pueden transmitir esa información al personal de la empresa?

Sí, aunque sin identificar a la persona afectada para mantener la privacidad, salvo que lo requieran las autoridades competentes, en particular las sanitarias.

 ¿Se puede pedir a las personas trabajadoras y visitantes ajenos a la empresa datos sobre países que hayan visitado anteriormente, o si presentan sintomatología relacionada con el coronavirus?

Se puede recabar este tipo de información sin necesidad de obtener el consentimiento previo de la persona afectada al amparo de la obligación legal del empleador de proteger la salud de los trabajadores y mantener el lugar de trabajo libre de riesgos sanitarios. Ello no obstante, la información debería limitarse a preguntas sobre las visitas a países de alta prevalencia del virus y en el marco temporal de incubación de la enfermedad, las últimas dos semanas, o si se tiene alguno de los síntomas del coronavirus.

 ¿Se pueden tratar los datos de salud de las personas trabajadoras relacionados con el coronavirus?

La respuesta es afirmativa, en tanto se trata de datos necesarios para salvaguardar los intereses vitales de las personas físicas, el interés público esencial en el ámbito de la salud, la realización de diagnósticos médicos, o el cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito laboral, incluido el tratamiento de datos de salud sin necesidad de contar con el consentimiento explícito el afectado. De hecho, la AEPD expresamente recuerda que no se puede hacer uso de la normativa de protección de datos personales para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten dichas autoridades competentes, en especial las sanitarias, en la lucha contra la pandemia.

 En caso de cuarentena preventiva o estar afectado por el coronavirus, ¿el trabajador tiene obligación de informar a su empleador de esta circunstancia?

Aquellos trabajadores que hayan tenido contacto con la enfermedad y que por aplicación de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias han de estar en régimen de aislamiento para evitar riesgos de contagio, aún sin tener aún el diagnóstico, deberán informar a su empleador y al servicio de prevención o, en su caso, a los delegados de prevención (Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

¿El personal de seguridad puede tomar la temperatura a los trabajadores con el fin de detectar casos coronavirus?

 La AEPD considera dicha medida posible, en tanto medida relacionada con la vigilancia de la salud de los trabajadores que, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, resulta obligatoria para el empleador y debería ser realizada por personal sanitario.

Insistimos que –tal y como recuerda la AEPD al contestar a cada una de las anteriores preguntas, el tratamiento de los datos personales debe respetar los principios de limitación de la finalidad, de forma que el tratamiento deberá limitarse a los datos personales estrictamente necesarios para salvaguardar la salud y evitar la cadena de contagios, en armonía con las decisiones que vayan adoptando las autoridades competentes, en especial las sanitarias.

Hoy Barcelona ha amanecido soleada. Os deseamos un feliz día.

Ana Soto & Mª Luisa Osuna

El estado de alarma y la necesidad de suspender para seguir. Sobre la suspensión de plazos y otros temas

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En un momento de tanta incertidumbre y tan triste como el que nos está tocando vivir, quisiéramos, ante todo, enviaros mensajes de ánimo y optimismo-

Os dejamos un breve resumen sobre las consecuencias del Estado de Alarma decretado por el Real Decreto 463/2020  (para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), en cuanto a los plazos procesales y administrativos:

  • Suspensión de los plazos procesales (Disposición Adicional Segunda).

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órganos jurisdiccionales hasta tanto pierda vigencia el Real Decreto (a los 15 días naturales desde su publicación el 14 de marzo), o sus prórrogas. Ello significa que cualquier procedimiento judicial o arbitral en marcha, sea cual sea la jurisdicción, queda en suspenso hasta entonces. Ello no obstante, los jueces y tribunales mantienen la potestad de acordar que se practiquen aquellas actuaciones y actos judiciales que sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a los derechos e intereses de las partes.

El Real Decreto establece también algunas (pocas) excepciones a la suspensión, que afectan a los siguientes procedimientos que, en consecuencia, continúan su trámite a pesar del estado de alarma:

  • Ante la jurisdicción penal:  cualquier  medida cautelar en materia de violencia de género o menores;  los procedimientos de habeas corpus;  las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia; a las actuaciones con detenido;  las órdenes de protección y  las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. Igualmente, los jueces o tribunales competentes podrán acordar actuaciones de instrucción que sean urgentes e inaplazables.
  • En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales, la suspensión decretada por el Real Decreto no afectará a los siguientes supuestos:

Los procedimientos de  protección de los derechos fundamentales de la persona (artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8,5 de la citada Ley.

Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades púbicas (Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).

 Los procedimientos dirigidos a obtener la autorización judicial para el internamiento no voluntario por trastorno psíquico (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y

Los procedimientos dirigidos a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor (artículo 158 del Código Civil).

  • Suspensión de plazos administrativos (Disposición Adicional Tercera)

El Real Decreto también suspende términos e interrumpe plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, de forma que el cómputo de dichos plazos se reanudará en el momento en que finalice la vigencia del Real Decreto o sus prórrogas. Como consecuencia de ello, quedan suspendidos todos los procedimientos de los que forman parte cualquier entidad del sector público, en el sentido definido por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, cualquier plazo o término (también por silencio administrativo), queda en suspenso hasta tanto se mantenga el estado de alarma.

También en este caso los órganos competentes podrán acordar de forma motivada las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves de derechos e intereses de las partes en el procedimiento, siempre que dicho interesado esté conforme con ello o con la no suspensión del procedimiento.

La única excepción que incluye en Real Decreto a la que no afectará la suspensión se refiere a los procedimientos o resoluciones relacionados con situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

  • Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

Como una razonable consecuencia de lo anterior, todos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan  suspendidos durante el plazo de vigencia del Real Decreto y –en su caso- sus prórrogas.

Compartimos las medidas, porque tenemos la firme convicción que para que todo siga, debemos parar de hacer las cosas como las hemos venido haciendo y adaptarnos a la situación del estado de alarma. Con este mismo pensar, tanto la agencia española y europea de protección de datos personales, como la oficina española y europea de propiedad industrial, han adoptado medidas para garantizar, en el marco del Real Decreto, la continuidad de su actividad

En materia de datos de carácter personal:

  • La Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”: ha publicado un elenco de criterios relacionados con el tratamiento de datos en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus. Os dejamos aquí el Informe del Gabinete Jurídico y el documento de preguntas y respuestas publicado por la AEPD.
  • El Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board –EDPB-) ha publicado un comunicado que versa sobre las bases del tratamiento de datos de carácter personal durante la crisis sanitaria. Os dejamos también el comunicado del EDPB

En materia de derechos de propiedad industrial:

  • La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha regulado servicios de atención telefónica y telemática, y continúa permitiendo trámites en su sede electrónica, que podéis consultar desde este link de la sede electrónica de la OEPM.
  • La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) ha difundido un comunicado sobre las medidas aplicadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma e informa del protocolo aplicado para mantener la continuidad de su actividad a través de los trámites telemáticos desde su sede electrónica  bajo un criterio de  normalidad. Ello no obstante, la Dirección Ejecutiva de la EUIPO ha decidido prorrogar los vencimientos de procedimientos entre el 9 de marzo y el 30 de abril (ambos incluidos), hasta el 1 de mayo de 2020. Podéis consultar el comunicado en este link del sitio de la EUIPO. también la Decisión de la Dirección Ejecutiva

Hasta pronto

Ana Soto & Mª Luisa Osuna

YA TENEMOS LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES

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El pleno del senado aprobó el pasado día 21 de noviembre de 2018 la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales (LOPD), sin modificar en nada el texto salido del Congreso poco antes.

Sabemos que la Ley tiene como finalidad adaptar el ordenamiento español al nuevo y más severo marco legal en materia de datos personales contenido en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos -por cierto, de obligado cumplimiento desde hace seis meses-, a la par que garantizar los derechos de las personas en el entorno digital mediante la inclusión de una verdadera carta magna de derechos digitales que tendremos que aprender y respetar.

Por citar algunas novedades que urge conocer, la LOPD contiene una declaración sobre el derecho de toda persona al acceso a internet de forma universal, asequible y no discriminatoria, obligando al gobierno a desarrollar un bono social de acceso a internet. Con lo que  tímidamente  se acerca a la línea marcada  por la ONU años atrás, al declarar el derecho de acceso a internet como un derecho humano necesario para ejercer y disfrutar del derecho a la libertad de expresión.

La LOPD también reconoce el derecho a la neutralidad en internet; el derecho al olvido cuando los datos sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos; el derecho a la seguridad y educación digital, o el derecho a otorgar un testamento digital. Se fortalece la protección de los menores en el marco digital, y se establece en 14 años la edad mínima para poder acceder a redes sociales (también para otorgar el consentimiento para el uso de sus datos personales por parte de terceros)

Con incidencia en el ámbito laboral, destacamos el derecho a la desconexión digital en el puesto de trabajo para respetar el descanso de los empleados; y el derecho de los trabajadores a preservar su intimidad ante sistemas audiovisuales o de geolocalización en el trabajo, salvo cuando exista un riesgo relevante para la seguridad, y siempre previa información a los trabajadores, coincidiendo con el criterio jurisprudencial que os explicamos en nuestro post de 7 de mayo de 2018. Tampoco el empresario podrá entrar en los medios digitales facilitados a sus empleados, excepto que sea con la exclusiva finalidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y garantizar la integridad de esos dispositivos, en la línea establecida por la Sentencia 594/2018, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018, sobre la que también hablamos en este blog, concretamente, en nuestro post de 19 de marzo de 2018.

Por lo pronto, la aprobación de la Ley ha ido acompañada de una polémica adicional consecuencia de mantener la redacción del artículo 58 bis introducido en el proyecto por una enmienda del grupo socialista. Las críticas denuncian que con dicha disposición la LOPD estaría legalizando el llamada spam político, lo que ha motivado una reacción urgente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para aclarar que en ningún caso la nueva LOPD “permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas.

Si tenéis un rato, aquí os dejamos el texto del artículo 58 bis de la LOPD y os retamos a su interpretación.

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En unos días la LOPD se habrá publicado en el BOE.

Mientras tanto, disfrutar de un magnífico viernes.

Ana Soto & Mª Luisa Osuna