Ya podemos presentar escritos judiciales. Nueva resolución del Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia durante el Estado de Alarma

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La Resolución del Ministerio de Justicia del 13 de abril de 2020, por la que se adapta la prestación del servicio público de Justicia al RD 487/2020, de 10 de Abril, establece determinadas pautas con el deseo de adaptar el funcionamiento de la Administración de Justicia a esta nueva fase del Estado de alarma, en la que no se aplica el confinamiento cualificado, así como prever otras fases venideras hasta un eventual restablecimiento de la normalidad.

Lo más destacado:

A partir de este miércoles, 15 de abril, los Juzgados y Tribunales admitirán escritos procesales presentados por las partes de forma telemática, iniciales y de trámite, aunque se refieran a cuestiones que no son de extrema urgencia, y  que serán tramitados siempre y cuando los medios lo permitan.

El procedimiento continuará hasta tanto la tramitación se encuentre con un plazo o término procesal que deba ser suspendido por mandato de la Disposición Adicional Segunda del RD 463/2020l.

En consecuencia, con el deseo de reactivar de forma progresiva el funcionamiento de la justicia y evitar el colapso una vez pierda vigencia el Estado de Alarma, la Resolución levanta la veda a la presentación de todo tipo de escritos, también demandas, solicitudes iniciales o recursos, bien la propia Resolución solicita a abogados, procuradores y graduados sociales “una ponderación o moderación en la presentación de escritos para hacer más viable el reparto”.

Además,

La Resolución de 13 de abril incluye otras medidas de funcionamiento de la administración de justicia relacionadas con la aplicación de una modalidad de trabajo presencial por turnos, sin perjuicio de ordenar al personal a quien no toque acudir al puesto de trabajo la plena disponibilidad durante la jornada laboral, para el caso de que sea requerido a la prestación de funciones presencial. Además, se regula la modalidad de teletrabajo para el personal con dispositivos proporcionados por la administración de acceso securizados a sistemas y aplicaciones de gestión procesal, o que puedan prestar voluntariamente sus funciones con dispositivos personales en similares condiciones

Por lo demás,

A los efectos de adaptar de forma progresiva y coordinada los criterios y dotaciones de tramitación durante la nueva y siguientes fases de la pandemia, la Resolución establece tareas de seguimiento semanal que realizará la Comisión Mixta del Ministerio de Justicia y el CGPJ.

Cualquier paso hacia adelante es bienvenido.

Feliz semana

Ana Soto

Legaljovs

El estado de alarma y la necesidad de suspender para seguir. Sobre la suspensión de plazos y otros temas

teletrabajo

En un momento de tanta incertidumbre y tan triste como el que nos está tocando vivir, quisiéramos, ante todo, enviaros mensajes de ánimo y optimismo-

Os dejamos un breve resumen sobre las consecuencias del Estado de Alarma decretado por el Real Decreto 463/2020  (para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), en cuanto a los plazos procesales y administrativos:

  • Suspensión de los plazos procesales (Disposición Adicional Segunda).

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órganos jurisdiccionales hasta tanto pierda vigencia el Real Decreto (a los 15 días naturales desde su publicación el 14 de marzo), o sus prórrogas. Ello significa que cualquier procedimiento judicial o arbitral en marcha, sea cual sea la jurisdicción, queda en suspenso hasta entonces. Ello no obstante, los jueces y tribunales mantienen la potestad de acordar que se practiquen aquellas actuaciones y actos judiciales que sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a los derechos e intereses de las partes.

El Real Decreto establece también algunas (pocas) excepciones a la suspensión, que afectan a los siguientes procedimientos que, en consecuencia, continúan su trámite a pesar del estado de alarma:

  • Ante la jurisdicción penal:  cualquier  medida cautelar en materia de violencia de género o menores;  los procedimientos de habeas corpus;  las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia; a las actuaciones con detenido;  las órdenes de protección y  las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. Igualmente, los jueces o tribunales competentes podrán acordar actuaciones de instrucción que sean urgentes e inaplazables.
  • En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales, la suspensión decretada por el Real Decreto no afectará a los siguientes supuestos:

Los procedimientos de  protección de los derechos fundamentales de la persona (artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8,5 de la citada Ley.

Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades púbicas (Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).

 Los procedimientos dirigidos a obtener la autorización judicial para el internamiento no voluntario por trastorno psíquico (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y

Los procedimientos dirigidos a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor (artículo 158 del Código Civil).

  • Suspensión de plazos administrativos (Disposición Adicional Tercera)

El Real Decreto también suspende términos e interrumpe plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, de forma que el cómputo de dichos plazos se reanudará en el momento en que finalice la vigencia del Real Decreto o sus prórrogas. Como consecuencia de ello, quedan suspendidos todos los procedimientos de los que forman parte cualquier entidad del sector público, en el sentido definido por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, cualquier plazo o término (también por silencio administrativo), queda en suspenso hasta tanto se mantenga el estado de alarma.

También en este caso los órganos competentes podrán acordar de forma motivada las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves de derechos e intereses de las partes en el procedimiento, siempre que dicho interesado esté conforme con ello o con la no suspensión del procedimiento.

La única excepción que incluye en Real Decreto a la que no afectará la suspensión se refiere a los procedimientos o resoluciones relacionados con situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

  • Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

Como una razonable consecuencia de lo anterior, todos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan  suspendidos durante el plazo de vigencia del Real Decreto y –en su caso- sus prórrogas.

Compartimos las medidas, porque tenemos la firme convicción que para que todo siga, debemos parar de hacer las cosas como las hemos venido haciendo y adaptarnos a la situación del estado de alarma. Con este mismo pensar, tanto la agencia española y europea de protección de datos personales, como la oficina española y europea de propiedad industrial, han adoptado medidas para garantizar, en el marco del Real Decreto, la continuidad de su actividad

En materia de datos de carácter personal:

  • La Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”: ha publicado un elenco de criterios relacionados con el tratamiento de datos en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus. Os dejamos aquí el Informe del Gabinete Jurídico y el documento de preguntas y respuestas publicado por la AEPD.
  • El Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board –EDPB-) ha publicado un comunicado que versa sobre las bases del tratamiento de datos de carácter personal durante la crisis sanitaria. Os dejamos también el comunicado del EDPB

En materia de derechos de propiedad industrial:

  • La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha regulado servicios de atención telefónica y telemática, y continúa permitiendo trámites en su sede electrónica, que podéis consultar desde este link de la sede electrónica de la OEPM.
  • La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) ha difundido un comunicado sobre las medidas aplicadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma e informa del protocolo aplicado para mantener la continuidad de su actividad a través de los trámites telemáticos desde su sede electrónica  bajo un criterio de  normalidad. Ello no obstante, la Dirección Ejecutiva de la EUIPO ha decidido prorrogar los vencimientos de procedimientos entre el 9 de marzo y el 30 de abril (ambos incluidos), hasta el 1 de mayo de 2020. Podéis consultar el comunicado en este link del sitio de la EUIPO. también la Decisión de la Dirección Ejecutiva

Hasta pronto

Ana Soto & Mª Luisa Osuna

¿Cuánto durará mi procedimiento judicial?

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En el momento de enfrentarse a un procedimiento judicial, es recurrente, por lógica, la pregunta sobre su duración. A la que los abogados contestamos en base a la experiencia y las pocas estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Hoy queremos informaros que, por lo que parece, el CGPJ se ha apuntado al big data, y en cumplimiento del compromiso que asumió frente a Transparencia Internacional el pasado 7 de septiembre, ha elaborado unas tablas interactivas sobre la estimación de la duración media de los procesos judiciales concluidos en cada anualidad, durante los últimos diez años (2007-2017). La herramienta es fruto del  análisis, a través del uso de los algoritmos convenientes, de los asuntos ingresados, finalizados (con independencia de cuál sea la forma de terminación), y que se encuentran en trámite, según los datos facilitados por  la Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

Las nuevas tablas interactivas se han publicado en el portal de transparencia, y son de acceso público. Si os animáis a acceder, comprobaréis que permiten realizar las consultas por anualidades, órgano y orden jurisdiccional, tipo de procedimiento, materia y comunidad autónoma. El tiempo estimado de resolución se mide en meses.

Hemos estado paseando por ellas, y a pesar de vivirlo, no dejan de sorprendernos los resultados de algunas consultas. Así, por ejemplo, en el año 2017 y en Cataluña, el tiempo medio de duración de un procedimiento en primera instancia seguido ante un Juez de lo mercantil sobre propiedad industrial, de por si complejo, fue de 9,8 meses, mientras que en el mismo año, y en la misma Comunidad Autónoma, la ejecución de una Sentencia ante un Juez de Primera Instancia se dilató hasta 37,4 meses; o la conclusión de unas diligencias preliminares previas a la interposición del procedimiento ante el mismo juez mercantil, tuvo una media de duración de 8,8 meses.

Según anuncia el mismo CJPJ a modo de presentación de su nueva herramienta, las tablas reflejan también datos sobre la movilidad del personal del órgano judicial (índice de rotación, de días sin cubrir y de días cubiertos con interinos), debido a la influencia de esta variante en el análisis de los tiempos medios de duración del procedimiento.

A pesar de que, en nuestra opinión personal, el wording elegido para definir algunas materias no es absolutamente claro, ello no quita que nos parezca una herramienta útil, y no sólo para fisgonear el funcionamiento de nuestro sistema judicial, en cada lugar y por cada procedimiento y/o materia. Así, por ejemplo, será una ayuda en la toma de determinadas decisiones, como puede ser la elección del juez territorial competente en aquellos supuestos en el que el actor disponga de dicha facultad, o considerar la posibilidad de aceptar una transacción que permita un cobro y evite o ponga fin a un procedimiento judicial interminable, o a la ejecución de la Sentencia de condena.

Desde aquí podéis entrar a las tablas sobre  la Estimación de los tiempos medios de duración de los procedimientos judiciales”,publicadas en el portal del CJPJ. Os animamos a que entréis.

Hasta  muy pronto,

Ana Soto & Mº Luisa Osuna

El CGPJ acuerda la especialización en materia de propiedad industrial de los Juzgados de lo Mercantil de Granada, La Coruña, Bilbao y Las Palmas.

justicia

En nuestro post de 21 de marzo de 2017 os hablamos del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de fecha 2 de febrero de 2017, por el que se atribuía competencia exclusiva y excluyente a determinados jueces mercantiles, del conocimiento de los asuntos civiles que pudieran surgir al amparo de la Ley 24/2015 de Patentes, de la Ley 17/2001, de Marcas y de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

En virtud del citado acuerdo, sólo determinados Juzgados de lo Mercantil (JM) de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid y Valencia tenían atribuida la competencia en materia de propiedad industrial. Recogíamos en nuestro post que esta apuesta por la especialización y descentralización de la Justicia, que nos parece francamente moderna, tiene su antecedente en la previsión incluida en la Ley 24/2015, de Patentes.

El 19 de octubre pasado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó la especialización en materia de propiedad industrial de varios juzgados de lo mercantil en las Comunidades Autónomas de Andalucía (JM de Granada), Galicia (JM de La Coruña), País Vasco (JM de Bilbao) y Canarias (JM de las Palmas), con efectos a 1 de enero de 2019.

Aquí os dejamos el Acuerdo del CGPJ de 19 de octubre de 2018, que actualiza los anteriores de diciembre de 2016 y febrero de 2017.

Feliz día ¡¡¡¡

LLEGA EL MOBILE WORLD CONGRESS (MWC) Y LOS JUECES DE LO MERCANTIL DE BARCELONA ACTIVAN SU PROTOCOLO

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Seguro que ya sabéis que los próximos días 26 de febrero a 1 de marzo de 2017 se celebra en Barcelona el “Mobile World Congress” (MWC), uno de los principales congresos en el ámbito de la comunicación y la telefonía móvil, punto de encuentro entre la creatividad y la innovación y, por ello, espacio propicio para la comisión de infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial, de competencia desleal y/o de publicidad ilícita.
De ahí que, en ocasiones, las empresas participantes decidan recurrir al procedimiento cautelar para proteger sus derechos.
Por ello, la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona activa, por cuarto año consecutivo, el Protocolo de Servicio de Guardia y de Actuación Rápida con el objeto de garantizar una tutela cautelar rápida, equilibrada y eficaz a los titulares de derechos de propiedad intelectual.
En concreto, durante todo el mes de febrero y hasta que finalice el MWC, los Jueces de lo Mercantil de Barcelona se mantienen de guardia y aplican medidas en garantía de la tramitación urgente y preferente de las solicitudes de medidas cautelares (con o sin audiencia del demandado) a fin de evitar actos infractores de derechos de la propiedad industrial o intelectual, de competencia desleal o de publicidad ilícita, por la exposición de ofertas de productos o servicios durante el MWC. Y, a su vez, el Protocolo vuelve a ofrecer a quienes sospechan que pueden ser parte demandada de una solicitud de medidas cautelares sin su audiencia, la posibilidad de presentar escritos preventivos ante el Juez Mercantil, a fin de poder anticipar su defensa y mostrar su interés en participar en el eventual proceso.
En el Informe sobre el resultado del protocolo para el MWC 2017 se concluye que se mantiene prácticamente el número de escritos preventivos presentados y admitidos y que se produce un incremento importante de las medidas cautelares inaudita parte presentadas en relación con el año anterior, lo que lleva a los Jueces de lo Mercantil a concluir el balance positivo de su iniciativa y a prever un mayor volumen de trabajo con ocasión al MWC 2018.
De nuevo aplaudimos la iniciativa de nuestros jueces.
Os dejamos aquí el Informe del resultado del Protocolo del MWC 2018.
Cristina García ,  abogada del Grupo de Derecho Comercial

Desde el 1 de abril sólo los Jueces de lo Mercantil especializados podrán conocer los litigios de materias de propiedad industrial

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Nos permitimos un recordatorio de extrema importancia.

Mañana, día 1 de abril de 2017, entra en vigor la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes, que trae consigo una importante reforma del  régimen actual.

De todas ellas, queremos hablaros en este post, en particular, sore la modificación introducida por la nueva Ley de Patentes que afecta a la competencia de los Jueces objetivamente competentes para conocer litigios de patentes, pero también de marcas y diseño industrial.

 ¿Dónde se contiene la modificación?

El artículo 118 de la nueva Ley de Patentes 24/2015 respeta el criterio de atribución de competencia territorial de su sucesor, el artículo 125,2 de la hasta hoy aplicable Ley de Patentes, si bien va mucho más allá, pues regula también la competencia objetiva y exigi al CGPJ que determine los Juzgados de lo Mercantil, sede del Tribunal Superior de Justicia, especializados de patentes que serán, con carácter exclusivo y excluyente, los únicos competentes para resolver los litigios en esta materia. Se trata, según el nombre puesto por la misma disposición, del “Juez de lo Mercantil Especializado”.

El tema no queda ahí, pues la citada modificación afecta igualmente a los Juzgados objetivamente competentes para resolver litigios civiles derivados de la Ley 17/2001 de Marcas (Ley de Marcas), y la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley del Diseño Industrial), como consecuencia de que así se contempla en la nueva redacción de las respectivas Disposiciones Adicionales Primeras de la Ley der Marcas y la Ley del Diseño Industrial incluida en la Disposición Final Tercera y Cuarta de la Ley de Patentes.

Sólo queda excluida de la reforma la competencia objetiva de los Jueces de Marca Comunitaria, en cuyo caso la nueva redacción de las respectivas Disposiciones Adicionales Primeras de ambos textos legales, norma el consolidado criterio jurisprudencial de la extensión de dicha competencia a la resolución de litigios sobre marcas y diseños nacionales o internacionales en caso de acumulación con una acción por marca o dibujo o modelo comunitario.

Pero, ¿qué pasa con lo que ya había acordado el CGPJ?

Así las cosas, el pasado 2 de febrero de 2017, la Comisión Permanente del CGPJ actualizó el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuía en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que pudieran surgir al amparo de la Ley 24/2015 de Patentes, de la Ley 17/2001, de Marcas y de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El acuerdo de 2 de febrero de 2017 deja sin efecto el anterior de 21 de diciembre de 2016, y también el de 26 de mayo de 2016 del Pleno del CGPJ, por el que se atribuye la competencia de determinadas materias, con carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.

La atribución de competencias según el nuevo Acuerdo del CGPJ, cuya entrada en vigor  se acuerda para el 1 de abril de 2017, es como sigue:

Juzgados de lo Mercantil Especializados
 

Cataluña

 

Juzgados de lo Mercantil de Patentes y de Diseño Industrial:   nº  1, 4 y 5 de Barcelona

Juzgados de lo Mercantil de Marcas:  nº 2, 6, 8  y 9 de Barcelona

 

Madrid  

Juzgados de lo  Mercantil de Patentes, de Marcas y de Diseño Industrial:   nº  6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid

 

 

Comunidad Valenciana

 

 

Juzgados de lo Mercantil de Diseño Industrial y de Marcas:  nº 1 y 3

 

Y entonces, ¿cómo se determina la competencia judicial en litigios de propiedad industrial?

De todo ello resulta que desde el 1 de abril de 2017, la competencia judicial para resolver los litigios en los que se ejercitan acciones en materia de patentes, de marcas y de diseño industrial (artículo 86, ter, 2), se determina de la forma siguiente, en función de la materia y con independencia del lugar del domicilio de las partes y el lugar en que se produzca la infracción, o sus efectos:

En primer lugar, se considerarán los Juzgados de lo Mercantil que, con carácter excluyente, son objetivamente competentes de conformidad con el Acuerdo de 2 de febrero de 2017 del CGPJ:

  • En materia de patentes: los Juzgados de lo Mercantil nº 1, 4 y 5 de Barcelona y los Juzgados de lo Mercantil nº 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid
  • En materia de marcas nacionales e internacionales, salvo en caso de acumulación con una acción relativa a marca comunitaria: los Juzgados de lo Mercantil nº 2, 6, 8  y 91, 4 y 5 de Barcelona; los Juzgados de lo Mercantil nº 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid; y los Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 3 de Valencia.
  • En materia de diseño nacional, salvo en caso de acumulación con una acción relativa a un dibujo o modelo comunitario: los Juzgados de lo Mercantil nº 1, 4 y 5 de Barcelona; los Juzgados de lo Mercantil nº 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid;  y los Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 3 de Valencia

En segundo lugar, de los anteriores Juzgados especializados se elegirá el Juzgado de lo Mercantil que también es territorialmente competente, de conformidad con las normas incluidas en el artículo 118, 3 y 4 de la nueva Ley de Patentes, a la que a su vez se remiten las Disposiciones Adicionales Primeras, respectivamente, de la Ley de Marcas y la Ley de Diseño Industrial. Salvo, claro está, en el supuesto de que la competencia objetiva corresponda a los Juzgados de Marca Comunitaria.

Así,  la comunidad autónoma del  domicilio del demandado y, en el caso de acciones de violación, del lugar en que se hubiera realizado la infracción o se hubiera producido sus efectos, determinará el Juzgado territorialmente competente, pero siempre, de entre los que tienen competencia objetiva según el acuerdo del CGPJ.

¿Y en caso de que ni el  domicilio del demandado ni el lugar de la infracción o sus efectos coincida con la Comunidad Autónoma en las que el CGPJ ha designado un Juzgado especializado?

En estos casos, según aclara el artículo 118,4 de la nueva Ley de Patentes, el demandante podrá elegir cualquier Juez de lo Mercantil objetivamente competente.

Os dejamos el Acuerdo del CGPJ, de 2 de febrero de 2017.

 

 

 

Ha entrado en vigor el esperado Real Real Decreto-Ley 1/2017, que recoge el procedimiento extrajudicial de reclamación de las cantidades entregadas por contratos de préstamo y crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula

 

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Nos apartamos un poco de nuestra temática habitual porque tenemos buenas noticias. Ha entrado en vigor el esperado Real Decreto-Ley 1/2017, que recoge el procedimiento extrajudicial de reclamación de las cantidades entregadas por contratos de préstamo y crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo.

El 21 de enero de 2017 se publicó en el BOE el anunciado Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (en adelante, RDL 1/2017), que contiene la regulación del procedimiento  extrajudicial de solución de controversias entre consumidores y entidades financieras en relación con préstamos y créditos con garantía hipotecaria en los que existan cláusulas que limiten a la baja la variabilidad del tipo de interés.

La citada normativa trae causa en la  Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 21 de diciembre de 2016, que en consideró la improcedencia de fijar un límite temporal a los efectos restitutorios de las cantidades satisfechas como consecuencia de la cláusula suelo, en contra de la interpretación del Tribunal Supremo, que a partir de su sentencia 241/2013, de 9 de mayo, si bien estableció el carácter abusivo de las cláusulas suelo, declarando su nulidad, exceptuó expresamente las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada y las cantidades satisfechas antes de la fecha de publicación de dicha Sentencia (9 de mayo de 2013)

Respecto al Real Decreto-Ley  1/2017 destacamos lo siguiente:

(i)  Afecta a los contratos de préstamo y crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo, siempre y cuando el prestatario sea un consumidor.

El Real Decreto-Ley  1/2017 entiende por consumidor las personas físicas, siempre y cuando no actúen  en el ejercicio de una actividad comercial, empresarial o profesional.  Y por cláusula suelo la estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

(ii) Las entidades financieras quedan obligadas a articular en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación el Real Decreto-Ley, un procedimiento ágil de resolución de las reclamaciones que les presenten los consumidores, y a informar a todos los consumidores que tengan cláusulas suelo sobre el a fin de que conozcan dicho procedimiento.  Por ello, las entidades financieras deberán, a) disponer  de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas; b) atender y resolver en el plazo máximo de tres meses desde su presentación, las reclamaciones de sus clientes/consumidores; y c) informar a sus clientes/consumidores de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias, y comunicar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria las cantidades restituidas en aquellos casos en los que el procedimiento finalice con un acuerdo de restitución.

(iii) El procedimiento extrajudicial es obligatorio para las entidades de crédito y voluntario y gratuito para el consumidor.

En caso de que el acuerdo que ponga fin al procedimiento extrajudicial requiera una nueva formalización de la escritura pública y su inscripción registral, el consumidor sólo deberá soportar los derechos arancelarios notariales y registrales como si se tratase de un documento sin cuantía.

(iv) Durante el tiempo en que se tramite y resuelva la reclamación extrajudicial, las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con la misma.

(v) Una vez recibida por la entidad financiera la reclamación de su cliente, debe comunicar si la considera procedente o improcedente. En el primer caso la comunicación debe motivar la razón del rechazo, mientras que en el segundo, debe incluir un cálculo de la cantidad a devolver, desglosando las cantidades que correspondan en concepto de intereses. El Real Decreto-Ley 1/2017 aclara que si en el plazo de tres meses  la entidad financiera no comunica su decisión al consumidor, o no le pone a su disposición de modo efectivo la cantidad que ofrece a modo de restitución, se deberá entender como un rechazo.

(vi) Las devoluciones efectuadas a favor del consumidor están sometidas a un tratamiento fiscal específico que afecta tanto al IRPF del ejercicio en curso en el momento de la devolución, como a las regularizaciones correspondientes a ejercicios anteriores.

(vii) Si el consumidor no está de acuerdo con la cantidad que la entidad financiera propone restituir, o rechaza de alguna forma su entrega, podrá interponer demanda judicial, pero sólo en caso de que obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de la entidad financiera se impondrá a ésta la condena en costas.

Aquí os dejamos el texto del Real Decreto-Ley 1/2017

Ana Soto

¿Son nulas las tasas judiciales? Sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016.

justicia

El pasado 15 de agosto apareció en el BOE la Sentencia del pleno del Tribunal Constitucional, de 21 de julio de 2016, que declara la nulidad de las tasas judiciales como consecuencia de su inconstitucionalidad a partir de ese mismo momento.

Las tasas judiciales se implantaron en el año 2012 para las persona físicas y jurídicas  a iniciativa del entonces ministro Gallardón (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), si bien por Real Decreto-Ley 1/2016, de 27 de febrero, se eximió de su pago a las personas físicas. Como consecuencia lógica de ello,  la Sentencia del Tribunal Constitucional sólo solo afecta a las tasas exigidas a las personas jurídicas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional considera la inconstitucionalidad de las tasas judiciales por resultar contrarias al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues según el Tribunal, su cuantía resulta desproporcionada al no tener en cuenta ni adecuarse a la capacidad económica de las personas jurídicas. De manera específica, se declara inconstitucional, quedando las personas jurídicas exentas al pago de la tasa judicial en los siguientes casos:

Orden jurisdiccional civil

  •  Interposición del recurso de apelación
  •  Interposición del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal

Orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • Interposición del recurso contencioso administrativo abreviado
  • Interposición del recurso contencioso administrativo ordinario
  • Interposición del recurso de apelación
  • Interposición del recurso de casación

Orden jurisdiccional social

  • Interposición del recurso de suplicación
  •  Interposición del recurso de casación

Se declara también la nulidad de la cuota variable de la tasa judicial, manteniéndose la obligación de pago de la cuota fija en los siguientes supuestos:

  •  Demanda de juicio verbal
  •  Demanda de juicio ordinario
  •  Petición inicial de procedimiento de juicio monitorio
  •  Demanda de juicio monitorio europeo
  •  Demanda incidental en un proceso concursal
  •  Demanda de ejecución extrajudicial
  •  Demanda de oposición a una ejecución de título judicial
  •  Concurso necesario

Por lo demás, nos parece relevante que la declaración de inconstitucionalidad que recoge la Sentencia sólo es eficaz pro futuro (Fundamento Jurídico 15). Así, según el Tribunal Constitucional, no es procedente ordenar la devolución de las cantidades pagadas por las tasas declaradas nulas, en procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución firme, y tampoco en aquellos que aún no hayan finalizado salvo que la persona jurídica obligada a su pago la impugnara en el momento de su liquidación, por considerarla un obstáculo para acceder a la jurisdicción o al recurso, en su caso y, en consecuencia, a su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE).

ACUERDO DE LOS JUZGADOS MERCANTILES, SOBRE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

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El nuevo Acuerdo de 26 de mayo de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, al amparo del artículo 98,1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modifica la distribución de competencias de las materias atribuidas a cada uno de los diferentes Juzgados Mercantiles de Barcelona conforme al anterior Acuerdo de 23 de noviembre de 2011.

A partir del 1 de julio de 2016, la distribución de lasmaterias que cada uno de los Juzgados Mercantiles de Barcelona pasa a conocer de forma exclusiva y excluyente, es la siguiente:

Juzgados Mercantiles nº 1, 4 y 5: competencias exclusivas para resolver los procedimientos sobre patentes, diseño industrial y modelos de utilidad

Juzgados Mercantiles nº 2, 6, 8 y 9: competencias exclusivas para resolver los procedimientos sobre marcas, propiedad intelectual siempre que la reclamación no proceda de entidades de gestión y homologación de acuerdos de refinanciación.

Juzgados Mercantiles nº 3, 7 y 10: competencias exclusivas para resolver los procedimientos en materia de competencia desleal, publicidad, defensa de la competencia y los concursos consecutivos.

El acuerdo se ha publicado en el BOE del 29 de junio de 2016

Ana Soto Pino