El estado de alarma y la necesidad de suspender para seguir. Sobre la suspensión de plazos y otros temas

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En un momento de tanta incertidumbre y tan triste como el que nos está tocando vivir, quisiéramos, ante todo, enviaros mensajes de ánimo y optimismo-

Os dejamos un breve resumen sobre las consecuencias del Estado de Alarma decretado por el Real Decreto 463/2020  (para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), en cuanto a los plazos procesales y administrativos:

  • Suspensión de los plazos procesales (Disposición Adicional Segunda).

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órganos jurisdiccionales hasta tanto pierda vigencia el Real Decreto (a los 15 días naturales desde su publicación el 14 de marzo), o sus prórrogas. Ello significa que cualquier procedimiento judicial o arbitral en marcha, sea cual sea la jurisdicción, queda en suspenso hasta entonces. Ello no obstante, los jueces y tribunales mantienen la potestad de acordar que se practiquen aquellas actuaciones y actos judiciales que sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a los derechos e intereses de las partes.

El Real Decreto establece también algunas (pocas) excepciones a la suspensión, que afectan a los siguientes procedimientos que, en consecuencia, continúan su trámite a pesar del estado de alarma:

  • Ante la jurisdicción penal:  cualquier  medida cautelar en materia de violencia de género o menores;  los procedimientos de habeas corpus;  las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia; a las actuaciones con detenido;  las órdenes de protección y  las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria. Igualmente, los jueces o tribunales competentes podrán acordar actuaciones de instrucción que sean urgentes e inaplazables.
  • En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales, la suspensión decretada por el Real Decreto no afectará a los siguientes supuestos:

Los procedimientos de  protección de los derechos fundamentales de la persona (artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8,5 de la citada Ley.

Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades púbicas (Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social).

 Los procedimientos dirigidos a obtener la autorización judicial para el internamiento no voluntario por trastorno psíquico (artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y

Los procedimientos dirigidos a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor (artículo 158 del Código Civil).

  • Suspensión de plazos administrativos (Disposición Adicional Tercera)

El Real Decreto también suspende términos e interrumpe plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, de forma que el cómputo de dichos plazos se reanudará en el momento en que finalice la vigencia del Real Decreto o sus prórrogas. Como consecuencia de ello, quedan suspendidos todos los procedimientos de los que forman parte cualquier entidad del sector público, en el sentido definido por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, cualquier plazo o término (también por silencio administrativo), queda en suspenso hasta tanto se mantenga el estado de alarma.

También en este caso los órganos competentes podrán acordar de forma motivada las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves de derechos e intereses de las partes en el procedimiento, siempre que dicho interesado esté conforme con ello o con la no suspensión del procedimiento.

La única excepción que incluye en Real Decreto a la que no afectará la suspensión se refiere a los procedimientos o resoluciones relacionados con situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

  • Suspensión de plazos de prescripción y caducidad

Como una razonable consecuencia de lo anterior, todos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedan  suspendidos durante el plazo de vigencia del Real Decreto y –en su caso- sus prórrogas.

Compartimos las medidas, porque tenemos la firme convicción que para que todo siga, debemos parar de hacer las cosas como las hemos venido haciendo y adaptarnos a la situación del estado de alarma. Con este mismo pensar, tanto la agencia española y europea de protección de datos personales, como la oficina española y europea de propiedad industrial, han adoptado medidas para garantizar, en el marco del Real Decreto, la continuidad de su actividad

En materia de datos de carácter personal:

  • La Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”: ha publicado un elenco de criterios relacionados con el tratamiento de datos en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus. Os dejamos aquí el Informe del Gabinete Jurídico y el documento de preguntas y respuestas publicado por la AEPD.
  • El Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board –EDPB-) ha publicado un comunicado que versa sobre las bases del tratamiento de datos de carácter personal durante la crisis sanitaria. Os dejamos también el comunicado del EDPB

En materia de derechos de propiedad industrial:

  • La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha regulado servicios de atención telefónica y telemática, y continúa permitiendo trámites en su sede electrónica, que podéis consultar desde este link de la sede electrónica de la OEPM.
  • La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) ha difundido un comunicado sobre las medidas aplicadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma e informa del protocolo aplicado para mantener la continuidad de su actividad a través de los trámites telemáticos desde su sede electrónica  bajo un criterio de  normalidad. Ello no obstante, la Dirección Ejecutiva de la EUIPO ha decidido prorrogar los vencimientos de procedimientos entre el 9 de marzo y el 30 de abril (ambos incluidos), hasta el 1 de mayo de 2020. Podéis consultar el comunicado en este link del sitio de la EUIPO. también la Decisión de la Dirección Ejecutiva

Hasta pronto

Ana Soto & Mª Luisa Osuna

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) educa a los cibernáutas.

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¿Sabéis qué es exactamente el sexting, el grooming o el ciberacoso?. ¿Y sabéis cómo prevenirlo?

Éstas son algunas de las conductas  de usuarios on line que la AEPD se ha encargado de definir, junto con las recomendaciones a las víctimas que las sufren,  en la Guía sobre Protecció de Datos y Protección de Delitos que recientemente ha publicado y presentado

En dicha guía, que recomendamos al cien por cien,  la AEPD va más allá. En efecto, consciente de la intensificación del uso de información personal,  propia o de terceros, en redes sociales y mensajería instantánea, incluye recomendaciones sobre aquellas conductas que incluso podríamos haber asumido como normales, pero que sin embargo pueden suponer un uso de información personal a través de Internet contrario a la normativa, o en ocasiones constitutivo de un delito.

Nos referimos a conductas cuya ilicitud puede no ser consciente y que  en ningún caso son excepcionales, como por ejemplo publicar una foto íntima de un conocido en una web sin su consentimiento; difundir a través de una red social información que pudiera tener el tratamiento de reservada, o datos personales de terceros;  o acceder sin permiso a una cuenta de correo ajena, que pudiera pertenecer incluso a un familiar. Y también aquéllas otras conductas que en la mayoría de los cosas presuponen una intencionalidad, como sucede con las calumnias o injurias, el acoso, la suplantación de identidad, delitos de odio, estafas, propagación de virus informático, etc.

Las recomendaciones de la AEPD se dirigen al “como evitar cometer la infracción”, y también al “como evitar ser víctima de la misma”.

Os recordamos que la AEPD ya había publicado otras guías dirigidas a los jóvenes y a sus familiares. Por si os pueden ser útiles, aquí os las dejamos también.

Os deseamos un feliz día

Más sobre Protección de Datos: la comunicación del DPO ya es posible a través de la sede electrónica de la AEPD

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No queremos ser alarmistas, pero en menos de mes se producirá de forma inexorable la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos  y se exigirá su cumplimiento. Y si bien hemos dicho de no ser alarmista, si queremos alertar que el régimen de sanciones será a partir de entonces mucho más dramático para aquéllos que no cumplan con las exigencias de la nueva normativa de protección de datos, pudiendo llegar a alcanzar cifras -en lo que las faltas más graves se refiere- de hasta 20.000.000 euros o, en el caso de empresas,  la equivalente al 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.

Después de la alarma, una buena noticia: la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha habilitado un proceso de comunicación telemática para comunicar el Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO en sus siglas en inglés) designado, en coherencia con la previsión del aún Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos.

Recordemos que el Reglamento establece que los responsables o encargados del tratamiento deben publicar los datos de contacto de los delegados y comunicar su designación a la autoridad de control (en nuestro caso, la AEPD) antes del próximo 25 de mayo.

Y recordemos también que si bien todas las empresas pueden voluntariamente nombrar (y comunicar) un DPD, no todas tienen obligación de hacerlo, sino sólo aquéllas que se encuentren en uno de los tres siguientes supuestos:

(i) En los casos en los que el tratamiento lo realiza una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial.

(ii) En los casos en los que las actividades principales del responsable o del encargado traten sobre operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, como sucede, por ejemplo, con actividades dirigidas a crear perfiles de consumidores.

(iii) En los casos en los que las actividades principales consisten en el tratamiento a gran escala de categorías “sensibles” de datos personales (de salud, biométricos, relativos al origen étnico, a creencias religiosas, preferencias sexuales, sobre condenas penales), como podría ser el caso de un centro médico.

Al respecto, se entiende como tratamiento “a gran escala”, aquél que persigue tratar una gran cantidad de datos personales que afectan a un gran número de ciudadanos con la probabilidad de existir un alto riesgo para los derechos y libertades de los mismos. Mientras que “tratamiento habitual y sistemático” se refiere a aquel que se realiza haciendo un seguimiento frecuente y repetitivo de personas mediante un método de organización, clasificación u ordenación de datos (Grupo de expertos en protección de datos dependiente de la Comisión Europea. GT29).

Dicen que el fin de semana será lluvioso. Perfecto para reflexionar sobre pendientes.