Se publica el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal

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A menos de un año para que sea de obligado cumplimiento la nueva regulación contenida en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento europeo), el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha impulsado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, con el objeto de adaptar la legislación española a las exigencias del Reglamento europeo, la cual sustituirá, en la versión que finalmente sea aprobada,  la actual LOPD.

El anteproyecto de Ley Orgánica consta de un total de  setenta y ocho artículos, contenidos en ocho títulos, trece disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales, e integra  el nuevo régimen establecido por el Reglamento europeo en relación con el tratamiento de datos personal y la circulación de los mismos, con los antecedentes administrativos y judiciales, nacionales y europeos, que se han ido estableciendo a lo largo de la historia de la protección de los datos de carácter personal.

Aquí os dejamos el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, que ya ha sido publicada.

Seguiremos su desarrollo en otros post.  Entretanto, continúa la cuenta atrás hacia el 25 de mayo de 2018, fecha de entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo

Feliz día

¿Son nulas las tasas judiciales? Sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016.

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El pasado 15 de agosto apareció en el BOE la Sentencia del pleno del Tribunal Constitucional, de 21 de julio de 2016, que declara la nulidad de las tasas judiciales como consecuencia de su inconstitucionalidad a partir de ese mismo momento.

Las tasas judiciales se implantaron en el año 2012 para las persona físicas y jurídicas  a iniciativa del entonces ministro Gallardón (Ley 10/2012, de 20 de noviembre), si bien por Real Decreto-Ley 1/2016, de 27 de febrero, se eximió de su pago a las personas físicas. Como consecuencia lógica de ello,  la Sentencia del Tribunal Constitucional sólo solo afecta a las tasas exigidas a las personas jurídicas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional considera la inconstitucionalidad de las tasas judiciales por resultar contrarias al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues según el Tribunal, su cuantía resulta desproporcionada al no tener en cuenta ni adecuarse a la capacidad económica de las personas jurídicas. De manera específica, se declara inconstitucional, quedando las personas jurídicas exentas al pago de la tasa judicial en los siguientes casos:

Orden jurisdiccional civil

  •  Interposición del recurso de apelación
  •  Interposición del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal

Orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • Interposición del recurso contencioso administrativo abreviado
  • Interposición del recurso contencioso administrativo ordinario
  • Interposición del recurso de apelación
  • Interposición del recurso de casación

Orden jurisdiccional social

  • Interposición del recurso de suplicación
  •  Interposición del recurso de casación

Se declara también la nulidad de la cuota variable de la tasa judicial, manteniéndose la obligación de pago de la cuota fija en los siguientes supuestos:

  •  Demanda de juicio verbal
  •  Demanda de juicio ordinario
  •  Petición inicial de procedimiento de juicio monitorio
  •  Demanda de juicio monitorio europeo
  •  Demanda incidental en un proceso concursal
  •  Demanda de ejecución extrajudicial
  •  Demanda de oposición a una ejecución de título judicial
  •  Concurso necesario

Por lo demás, nos parece relevante que la declaración de inconstitucionalidad que recoge la Sentencia sólo es eficaz pro futuro (Fundamento Jurídico 15). Así, según el Tribunal Constitucional, no es procedente ordenar la devolución de las cantidades pagadas por las tasas declaradas nulas, en procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución firme, y tampoco en aquellos que aún no hayan finalizado salvo que la persona jurídica obligada a su pago la impugnara en el momento de su liquidación, por considerarla un obstáculo para acceder a la jurisdicción o al recurso, en su caso y, en consecuencia, a su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE).

ACUERDO DE LOS JUZGADOS MERCANTILES, SOBRE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

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El nuevo Acuerdo de 26 de mayo de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, al amparo del artículo 98,1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modifica la distribución de competencias de las materias atribuidas a cada uno de los diferentes Juzgados Mercantiles de Barcelona conforme al anterior Acuerdo de 23 de noviembre de 2011.

A partir del 1 de julio de 2016, la distribución de lasmaterias que cada uno de los Juzgados Mercantiles de Barcelona pasa a conocer de forma exclusiva y excluyente, es la siguiente:

Juzgados Mercantiles nº 1, 4 y 5: competencias exclusivas para resolver los procedimientos sobre patentes, diseño industrial y modelos de utilidad

Juzgados Mercantiles nº 2, 6, 8 y 9: competencias exclusivas para resolver los procedimientos sobre marcas, propiedad intelectual siempre que la reclamación no proceda de entidades de gestión y homologación de acuerdos de refinanciación.

Juzgados Mercantiles nº 3, 7 y 10: competencias exclusivas para resolver los procedimientos en materia de competencia desleal, publicidad, defensa de la competencia y los concursos consecutivos.

El acuerdo se ha publicado en el BOE del 29 de junio de 2016

Ana Soto Pino

Sobre marcas: la prueba de la excepción del agotamiento del derecho marcario

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Es un principio general de nuestro sistema marcario, tanto nacional como comunitario, que el titular exclusivo de una marca registrada no puede prohibir que terceros usen la misma marca para identificar productos que han sido comercializados por vez primera en el Espacio Económico Europeo (EEE), por el mismo o con su consentimiento.

 Se trata, pues, de una limitación al derecho exclusivo y excluyente del titular de la marca respecto a dicha marca, que conocemos como el principio del agotamiento del derecho de marca, y que es connatural y a la vez causa y consecuencia del mercado de libre comercio y su presupuesto básico, la libre circulación de mercancías y prestación de servicios. Por ejemplo, y entre otros, las importaciones dentro del EEE.

Ello no obstante, bajo la lógica más elemental, la legislación marcaria se ha preocupado de regular excepciones al agotamiento del derecho de marca del titular, a fin de tutelar sus derechos en aquellos supuestos en los que la forma en que el tercero comercializa los productos marcados o usa la marca es reprobable y lesiva para la marca y/o para los consumidores, de forma que el titular puede invocar un motivo legítimo para oponerse al uso de la marca por el tercero.

 Al hilo de la leyes marcarias y del desarrollo realizado por nuestra jurisprudencia, los supuestos más comunes excepcionados del agotamiento del derecho marcaria y, en consecuencia, tratados como excepciones marcarias, serían aquellos supuestos en los que la procedencia de los productos marcados proceden de un país extracomunitario; los casos en los que tras su primera comercialización, los productos ofertados por terceros bajo la marca hayan sido manipulados o alterados expresamente (por ejemplo, para ocultar el código de trazabilidad que permite conocer su origen); o la oferta y venta de productos selectivos sin cumplir las condiciones de selección (por ejemplo, la venta de perfumes de lujo en supermercados e hipermercados).

La cuestión que planteamos se dirige a contestar hasta qué punto el titular de la marca tiene que probar la existencia de una excepción al agotamiento del derecho de marca en el uso que de la misma está haciendo un tercero, para poder hacer su derecho y prohibir dicho uso por considerarlo una infracción. O dicho de otra forma, ¿se puede exigir al titular de la marca que pruebe que no ha consentido la oferta de cada uno de los productos que circulan en el EEE? ¿O que todos ellos no han sido falsificados o manipulados?

 De contestar de forma afirmativa a la pregunta lo primero que llama la atención es que se estaría exigiendo al titular de la marca una prueba de un hecho negativo, lo que escapa a la lógica más elemental de las cosas. Podemos probar lo que es, pero no podemos probar lo que no es, por la sencilla razón que no es. Por lo que no sería razonable exigir al titular de la marca que prueba que no se ha agotado su derecho. Por ejemplo, que pruebe que todas las ventas que realiza el tercero de productos marcados, han sido comercializados por vez primera en el EEE con su consentimiento.

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)* ha solventado esta cuestión creando una línea interpretativa que ha sido seguida por la mayoría de las Audiencias Provinciales, en virtud de la cual en el caso de un procedimiento de infracción de marca, es el demandado que invoca en su defensa el agotamiento de los derechos sobre la marca, quien debe probar que se cumplen los requisitos del agotamiento (es decir, que los productos que ha comercializado usando la marca de un tercero, son originales, no han sido manipulados y provienen de países del EEE) y no a la inversa.

Con base en ello, celebramos que la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28), en su Sentencia de fecha 15 de junio de 2015, haya acogido nuestra tesis sobre la carga probatoria para estimar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Shaeffler Ibérica, S.L., titular de la marca de rodamientos FAG, contra Rodaindustria Ibérica, S.A., condenando a la misma, entre otros extremos, a satisfacer una indemnización de más de 7.000.000 euros. La Sentencia considera que obligación probatoria de la titular de la marca se agota acreditando una muestra de ventas de la demandada de rodamientos manipulados o de origen extracomunitario, y declara que a Rodaindustria Ibérica, S.A. correspondía probar, de entre todas las operaciones de venta, aquellas que lo eran de productos originales y de procedencia intercomunitaria, por ejemplo, acreditando que su suministradores eran distribuidores oficiales de Shaeffler Iberica, S.L. La inactividad probatoria de la demandada** es citada por la Sala para justificar el incremento de la indemnización respecto a la decretada por el Juez de Instancia, considerando para su cuantificación los beneficios obtenidos por Rodaindustria Iberica, S.A. por todas las ventas de rodamientos FAG durante los cinco años objeto de reclamación.

 Tesis que, por otro lado, responde al principio procesal de colaboración y de facilidad probatoria, en el bien entendido que el hecho que alega el titular de la marca es un hecho negativo (el no agotamiento de su derecho marcario). Correspondiendo, pues, al demandado, frente a este hecho negativo, acreditar que el uso de la marca del titular se ha agotado.

Aquí os dejamos la Sentencia

(*) Según el TJUE, “procede por tanto responder a la cuestión prejudicial que una norma en materia de prueba con arreglo a la cual el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva.”

(**) La Jurisprudencia tiene dicho, con base en la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional,  que cuando las fuentes de la prueba se encuentren en poder de una de las partes en litigio, es a dicha parte a quien corresponde  aportar los datos requeridos como consecuencia de su  deber de colaboración con la justicia. Y si no lo hace, sólo a ella puede perjudicar las consecuencias de la falta de prueba, y no a la contraparte.

Privacy Shield EEUU-UE: acuerdo político entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre los flujos transatlánticos de datos.

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El pasado 2 de febrero el Colegio de Comisarios aprobó el acuerdo político alcanzado entre la UE y los Estados Unidos que, según ha informado la Comisión Europea refleja los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de octubre de 2015. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró inválido el marco legal conocido como “puerto seguro” o “safe harbour”.

A partir de ese momento se ha generado una situación de incertidumbre para las empresas que habían transferido los datos de carácter personal de ciudadanos europeos a Estados Unidos bajo el marco del “puerto seguro”, especialmente en el marco de prestación de servicios, pues los datos transferidos de esa forma se quedaban sin cobertura legal. Este acuerdo político es un paso importante, pero a partir de aquí se ha de desarrollar el nuevo mecanismo para la transferencia de los datos, y esto puede tardar un tiempo. Es decir, seguimos sin tener un marco legal similar al anterior de “puerto seguro”. Así, por ahora, para transferir datos de carácter personal a Estados Unidos habrá que utilizar otras vías previstas por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Según se desprende de lo comunicado por la Comisión Europea, el nuevo mecanismo será más protector de los datos personales de los ciudadanos europeos que se transfieran a Estados Unidos. Así el nuevo mecanismo prevé:

  1. Obligaciones más rigurosas para las empresas de Estados Unidos que traten datos de carácter personal de ciudadanos europeos que hayan sido transferidos.
  2. Medidas que limiten el acceso de la administración estadounidense a los datos de carácter personal de los ciudadanos europeos. Según la Comisión, uno de los acuerdos alcanzados es que no habrá por parte de la administración de EE.UU. una vigilancia masiva indiscriminada de los datos personales transferidos a los EE.UU. en el marco del nuevo mecanismo.
  3. Mayor protección de los derechos de los ciudadanos de la UE, entre otras medidas, a través de la creación de un nuevo Defensor del Pueblo para tratar las reclamaciones relativas al acceso por parte de las autoridades.

Os dejamos la noticia publicada por la Comisión Europea

Sin duda, la transferencia de datos de carácter personal de ciudadanos europeos a Estados Unidos necesita un marco ágil, seguro y más protector de los derechos de los ciudadanos europeos que el marco anterior. Sólo esperamos que no se demore demasiado.

Os iremos informando.